Las fotovoltaicas esperan que el Constitucional analice la nueva legislación

ESPAÑA-PLANTA FOTOVOLTAICAUna decena de empresas fotovoltaicas han acordado pedir a la Audiencia Nacional que plantee al Tribunal Constitucional la posible ilegalidad de la nueva normativa que recorta las horas con derecho a prima que pueden cobrar este tipo de instalaciones, y que fue aprobada hoy por el Parlamento.
Las empresas, asesoradas por el despacho Navas & Cusí, sostienen que el Real Decreto que articula los recortes a las fotovoltaicas vulnera los principios de legalidad, irretroactividad y seguridad jurídica protegidos por la Constitución.
Las sociedades, radicadas en Navarra, Canarias, Cataluña, Galicia y Madrid, también ultiman la presentación de las correspondientes denuncias ante la Comisión Europea, ya que creen que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha incumplido el derecho comunitario al no trasponer correctamente la normativa sobre energías alternativas.
“La Comisión Europea dispone de poderes propios para poner fin a la infracción del Derecho Comunitario, ya que tiene la potestad de interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por los incumplimientos del estado español”, explicó a Efe el abogado Juan Ignacio Navas.
Este letrado señala que la nueva normativa pone en graves dificultades a las empresas del sector, que suscribieron abultados créditos bancarios gracias a la seguridad de ingresos que otorgaba una normativa de 2007.
Esas dificultades provienen de que desaparece la obligación del Ejecutivo de asumir la compra de toda la energía eléctrica, lo que puede originar una caída de entre el 20 % y el 30 % de los ingresos de las empresas, lo que hace peligrar su viabilidad.
Por ello, las empresas asesoradas por Navas & Cusí tienen previsto pedir responsabilidades patrimoniales al Estado en los diversos recursos contencioso-administrativos que presentarán ante la Audiencia Nacional.
Juan Ignacio Navas apunta no sólo la gravedad de los perjuicios ocasionados sino que cree que la nueva normativa “desmotivará radicalmente las inversiones de energía solar en el futuro”.
La nueva regulación del sector comenzó a adoptarse en noviembre de 2010, cuando el Gobierno aprobó un real decreto que recoge reducir las tarifas para las plantas fotovoltaicas en techo entre un 5 y un 25 %, mientras que las primas para las instaladas en suelo bajarían un 45 %.
Con estos recortes, el Ministerio de Industria, dirigido por Miguel Sebastián, preveía ahorrar unos 607 millones de euros entre 2011 y 2013.
Un mes después, dentro del paquete de medidas para reducir en 4.600 millones los costes del sistema eléctrico para los próximos tres años, el Ejecutivo acordó también recortar las horas con derecho a prima para las instalaciones fotovoltaicas, una iniciativa con la que Industria espera reducir en 740 millones los costes eléctricos anuales.

Fuente: EFEverde http://www.efeverde.com/esl/contenidos/ … egislacion

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