Los fotovoltaicos cifran ante el Supremo en 2.000 millones el recorte de primas de noviembre

ayuntamiento_malpartidaLa Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) ha presentado ante el Tribunal Supremo una demanda contra el real decreto 1565/2010 de noviembre del año pasado en la que se cifra en más de 2.000 millones de euros el impacto asociado al recorte a 25 años en el periodo de percepción de primas incluido en la normativa, al que el sector considera “retroactivo”.

Según un informe de la consultora Eclareon acerca del impacto del decreto sobre las instalaciones fotovoltaicas, al que ha tenido acceso Europa Press, el recorte de primas afecta a 3.260 megavatios (MW) y tiene un valor de 2.006 millones de euros.

En concreto, el real decreto incluye por un lado un descenso del 45% de las primas para instalaciones de suelo, del 25% para las de tejado y del 5% para las de tejado pequeño, y por otro una reducción a 25 años en el periodo con derecho a retribución. El impacto de este segundo aspecto es el que analiza Eclareon.

En todo caso, esta limitación a 25 años en el periodo de percepción de primas fue ampliada posteriormente a 28 años con el real decreto ley 14/2010, y nuevamente a 30 años con la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible.

El real decreto 661/2007 establecía que la tarifa regulada será percibida durante toda la vida útil de las instalaciones, y el informe asegura que, según datos de fabricantes, este periodo es de media de unos 35 años, de modo que el recorte equivale a diez años menos de primas.

Por otro lado, el informe de Eclareon cifra además en 100 millones de euros el impacto económico asociado a las modificaciones técnicas de las plantas para adaptarse a los huecos de tensión, así como en 22 millones la adscripción a un centrol de control, de modo que el real decreto tiene un impacto total de 2.128 millones para el sector.

MEDIDAS CAUTELARES.

Fuentes de ASIF indican que la asociación ha reclamado además al Supremo que imponga medidas cautelares a la aplicación de las especificaciones técnicas sobre huecos de tensión, ya que las instalaciones fotovoltaicas no dispondrán de tiempo suficiente para cumplirlas.

El impacto de cerca de 2.000 millones del real decreto 1565/2010 se suma al recorte de horas con derecho a retribución aplicado en diciembre del año pasado por el Gobierno, que prevé un ahorro de otros 2.220 millones en tres años en primas fotovoltaicas.

Aparte del frente del Supremo, abierto por las asociaciones empresariales fotovoltaicas, las comunidades autónomas de Valencia y Murcia han planteado recursos ante el Tribunal Constitucional contra los recortes aplicados en los últimos meses, por considerarlos retroactivos.

Además, este miércoles podría comenzar el arbitraje internacional planteado por quince fondos internacionales en contra de los recortes si, como ha ocurrido hasta ahora, el Gobierno no les remite una propuesta para negociar una solución.

CASI UN MILLÓN POR MW.

En el informe independiente presentado ante el Supremo aparece un análisis de seis instalaciones medidas representativas del parque fotovoltaico en el que se aprecia que la reducción del periodo de remuneración tiene un impacto de entre 510.000 euros y 922.000 euros por megavatio.

El coste asociado a la adaptación de las instalaciones a los requisitos de respuesta frente a huecos de tensión conlleva en los casos más comunes un impacto de entre 16.000 euros y 47.000 euros por MW, mientras que en los casos más desfavorables la cifra alcanza 237.000 euros.

Fuente: Europa Press

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