Los inversores extranjeros de FV en España ya pueden pedir el arbitraje internacional



Los denunciantes, que representan inversiones por valor de 4.000 millones de dólares (2.875 millones de euros), están representados por Allen & Overy. Este despacho de abogados el pasado 8 de marzo preparó las llamadas “trigger letter”, las comunicaciones formales y por escrito en las que se comunica al Estado español la existencia de un perjuicio y la posibilidad de acciones legales al amparo del Tratado de la Carta de la Energía (Energy Charter Treaty).

Con esa notificación se activó un periodo de tres meses en el que ambas partes podrían negociar para solucionar la controversia. Si en ese tiempo no se llega a ningún acuerdo, o simplemente la negociación no se produce los inversores extranjeros tienen derecho a iniciar un arbitraje internacional contra el Estado.

Pues el plazo legal ha pasado, no ha habido negociación y en consecuencia los inversores tienen abierta la puerta para la reclamación. El gobierno, según ha sabido Energías Renovables, respondió a las “trigger letter” con una carta en la que aseguraban no haber incumplido el Tratado de la Carta de la Energía y en la que mencionaban la posibilidad de una reunión futura. Ese encuentro ni se ha producido, ni se ha señalado día y hora para que se produzca.

El Tratado de la Carta de la Energía es un acuerdo multilateral de inversión diseñado para potenciar inversiones transfronterizas a largo plazo en el sector energético y además proteger esas inversiones de posibles cambios que los gobiernos firmantes pudieran pretender introducir en un marco previamente definido. Al ser un tratado supranacional, otorga a los inversores derechos que no pueden verse afectados por la modificación de leyes en ninguno de los países firmantes del acuerdo. España lo suscribió en 1997.

Los inversores denuncian que el recorte de primas a la fotovoltaica decididos por el gobierno en el Real Decreto-Ley 14/2010 lesionan sus intereses. Sus inversiones se realizaron al amparo de una legislación que les garantizaba una percepción económica por el kWh producido durante 25 años, y un 80% de la misma durante el resto de la vida útil de la instalación, que el gobierno español decidió rebajar argumentando la necesidad de reducir el déficit tarifario del sector eléctrico.

El conjunto de los denunciantes invirtieron en España 4.000 millones de dólares en proyectos fotovoltaicos y gestionan más de 30.000 millones de dólares (21.500 millones de euros) de más de 70 fondos de pensiones y de otros inversores institucionales y privados que suman un capital total bajo gestión de más de 3 billones de dólares (más de 2 billones de euros).

Fuente: Energías Renovables

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